CDMX a 15 de marzo, 2024.- La confrontación entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Totalplay, parte del conglomerado Grupo Salinas, ha alcanzado nuevos niveles de tensión tras revelarse una deuda fiscal de 30,000 millones de pesos, de los cuales 1,500 millones corresponden a irregularidades detectadas en el ejercicio fiscal de 2011. Esta situación ha desatado un amplio debate sobre la equidad y la responsabilidad tributaria en México, especialmente entre las grandes corporaciones.
Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha sido enfático al denunciar las prácticas de «planeación fiscal» de Totalplay, que incluyen la declaración de gastos excesivos para minimizar la carga impositiva. El SAT, tras una auditoría iniciada en 2014, ha puesto en evidencia la incapacidad de la empresa para justificar estas prácticas, llevando al organismo a exigir la corrección de la suma declarada incorrectamente como pérdida fiscal.
Grisel Galeano, titular de la Procuraduría Fiscal, ha señalado un patrón de evasión fiscal dentro de las empresas del Grupo Salinas, enfatizando la importancia de que estas compañías cumplan con sus obligaciones tributarias para con el Estado y el pueblo mexicano. El llamado es claro: los altos montos adeudados deben ser resueltos con prontitud para evitar complicidad y asegurar justicia fiscal.
En este contexto, el presidente López Obrador ha recordado la prohibición de la condonación de impuestos bajo su administración, resaltando que otras grandes empresas, como Oxxo, Walmart, Televisa y las corporaciones de Carlos Slim, han estado al día con sus responsabilidades fiscales. La postura del mandatario subraya la necesidad de un tratamiento equitativo para todas las empresas, sin importar su tamaño o influencia.
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