Sanción extraterritorial de EE.UU. coloca a Panamá en atolladero

Ciudad de México, 16 de enero de 2021.- Una sanción extraterritorial de Estados Unidos a un empresario, colocó a Panamá ante la demanda de indemnización por mil 268 millones de dólares contra el estatal Banco Nacional de Panamá (BNP), cuyo proceso legal avanza hoy aquí.

 

El Ministerio de la Presidencia y la Procuraduría General de la Administración solicitaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reconsiderar su competencia para conocer el reclamo interpuesto por el empresario local Abdul Waked, por concepto de daños y perjuicios causados por la venta de una propiedad suya que el BNP tenía en fideicomiso.

La inclusión de 67 empresas de la familia Waked en una lista del Tesoro estadounidense bloqueó las operaciones del lujoso centro comercial capitalino Soho Mall, con la afectación de centenares de empleados, y para salvar los empleos, la solución fue colocar en manos del Estado la administración temporal en fideicomiso, entre otros.

Pero el BNP, bajo el gobierno del expresidente del país Juan Carlos Varela (2014-2019), vendió a un tercero la propiedad sin la autorización del dueño, en el entendido de que el traspaso se produjo bajo el criterio de un contrato mercantil.

En su petición, la parte acusadora reclamó indemnización por lucro cesante, daños emergentes y morales, experimentados por las condiciones en que se vio obligado a desprenderse del Soho Mall, a su vez, la CSJ falló antes a su favor sobre el carácter administrativo del contrato de fideicomiso con fines de interés público.

En septiembre de 2016 el empresario panameño de origen libanés acusó al Gobierno Nacional de incumplir un acuerdo pactado para recuperar sus negocios, y aseguró: ‘hice un fideicomiso para salvar mil 200 empleos. Simplemente entregué la compañía a unos administradores’.

El 4 de septiembre de 2020, en una decisión unánime, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la CSJ determinó que el caso debía ser conocido por esa misma instancia, porque el BNP actuó como banco estatal, a pesar de que su rol fue el de agente fiduciario.

De forma arbitraria, en mayo de 2016 el Departamento del Tesoro acusó a miembros y socios de la familia Waked de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado, pero tribunales estadounidenses no pudieron sostener tales argumentos contra Nidal Waked, sobrino de Abdul, el único procesado del caso en una corte del norteño país.

Si el actual reclamo progresa, el BNP quebraría y economía panameña recibiría un demoledor golpe.

Al referirse a esa posibilidad, el diario La Estrella de Panamá preguntó: ‘¿Por qué no demandaron al gobierno de Estados Unidos?’, pero en la interrogante surgió la duda de ¿Quién debió hacerlo?

 

 

Tomado de Prensa Latina

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